El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, defendió la actuación del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no debe perseguir al juez que concedió amparos ante la reforma eléctrica.

Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro concedió una suspensión definitiva a la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta este lunes, al menos una docena de suspensiones definitivas se han emitido por Gómez Fierro y por Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.

AMLO debe respetar la independencia de la Judicatura

En sus redes sociales, el especialista fue muy claro en sus palabras para que AMLO respete la independencia de los jueces:

México: Todas las instituciones públicas deben respetar la independencia de la judicatura, incluyendo al Ejecutivo. El Ejecutivo no debe efectuar intromisiones indebidas o injustificadas en los procesos judiciales, ni debe confrontar las decisiones judiciales de los tribunales.

El también expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agregó que el juez Juan Pablo Gómez Fierro no debe ser investigado por sus decisiones judiciales:

Celebro el anuncio del Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar en ese sentido.

Además, García-Sayán compartió los principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la Judicatura. En el apartado cuatro, se especifica que “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales”.

En este sentido, el principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes. “Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”, completaron.

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