La Organización Reporteros Sin Fronteras pidió a la Secretaría de Gobernación proporcionar las medidas de seguridad necesarias para todos los periodistas que se encuentran en riesgo e investigar las amenazas que han recibido algunos de sus colegas en Guerrero. 

#México @RSF_esp ha tenido conocimiento de la alerta urgente que lanzo un grupo de periodistas de #Iguala, en el estado de Guerrero, tras haber sido amenazados”

@RSF_esp Llamamos al Mecanismo de Protección de @SEGOB_mx  a brindar las medidas de seguridad a los periodistas en riesgo y a las autoridades de #Guerrero (@FiscaliaGro/@Gob_Guerrero) a investigar los hechos”, señaló.

El miércoles 14 de octubre periodistas de Iguala dieron a conocer por medio de una carta las amenazas que han recibido luego de cubrir una protesta de familiares de una persona detenida a las afueras de las oficinas de la Fiscalía de Guerrero en Iguala.

En un inicio las amenazas eran enviadas por mensajes o llamadas de WhatsApp y en algunos de ellos se incluyeron fotos de familias para hacer saber que los tenían bien ubicados. 

Las amenazas comenzaron a manifestarse por el hecho de cubrir situaciones violentas en la zona y publicar la información donde también se denunciaba el abuso de la policía contra los ciudadanos.

«Emitimos una alerta porque estamos en riesgo, y si las autoridades no actuan al respecto en los próximos dios podría ser asesinado alguno de nosotros”.

PIDEN JUSTICIA

Por otro lado los familiares de los luchadores sociales Rocío Mesino y Ranferi Hernández, asesinados hace siete y tres años tomaron las instalaciones de la Fiscalía General de Morelos para exigir avances de las investigaciones de ambos crímenes.

Organizaciones sociales que apoyan dicho movimiento también se dieron cita en el lugar y arribaron a las 10:30 de la mañana de este miércoles. 

En sus protestas reclamaron que en Guerrero hay muchos casos como los de estas familias que hasta el momento y después de muchos años siguen en impunidad, lo cual refleja desinterés por parte de las autoridades.

«No nos vamos a mover de aquí hasta que el fiscal y el gobernador atiendan nuestra petición, porque realmente, ahorita, todos saben que ya es el último año de él, sabemos que hay un desgobierno en toda la entidad y los casos siguen omisos», dijo Diana Hernández, hija de activista asesinado.

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